EL CONSEJO NACIONAL DE LAICOS A LA OPINIÓN PÚBLICA

La paz debe realizarse en la verdad; debe construirse sobre la justicia;
debe estar animada por el amor; debe hacerse en la libertad.
( Juan Pablo II)

En el mismo espíritu que llevó a nuestros obispos a considerar “moralmente inaceptable” la Reforma Constitucional propuesta a los venezolanos el año pasado, el Consejo Nacional de Laicos, analizadas las últimas 26 leyes decretadas por el Presidente de la República, se siente en el deber de dirigirse a toda la comunidad venezolana, para hacer conocer sus conclusiones.

Con estas leyes se quiere legitimar lo que fue rechazado el 2 de diciembre, irrespetando la decisión de la mayoría del pueblo venezolano, violando una vez más la dignidad y los derechos humanos fundamentales, no sólo por el espíritu y los contenidos de las mismas, sino además, y sobre todo, por violentar la voluntad del país, decretándolas de un modo irregular, antidemocrático e impositivo, lo cual niega el derecho a la participación ciudadana, reconocido por nuestra Constitución y que constituye “uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos y una de las mejores garantías de permanencia de la Democracia” (DSI,190).

Estas leyes implican una mayor ideologización institucional; un exagerado control del ciudadano y sus bienes; de la administración pública, de las instituciones y la economía; impulsan un mayor centralismo y la concentración del poder:
- Imponen la voluntad de un sector por encima de la voluntad de la mayoría expresada el 2D.
- Restringen el derecho a la propiedad privada y constituyen un Estado dueño de todo.
- Desvirtúan la FAN, poniéndola al servicio de una ideología política.
- Niegan la participación ciudadana, concentran todo el poder en una sola autoridad y revierten el proceso de descentralización.

Todo ello se opone a los valores y principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia: el respeto a la dignidad de la persona humana, a la verdad, a la libertad, a la justicia, al bien común, a la solidaridad, a la subsidiaridad, a la libre y responsable participación en la construcción democrática de una nación y en la instauración de una convivencia fraterna y pacífica, iluminada por el precepto evangélico del Amor.

Anhelamos un Estado que promueva la justicia social y favorezca el bien común para todos los ciudadanos: que no condicione los derechos a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación ... al hecho de ser partidarios de una ideología; que vele y asista a toda la población, sin discriminación alguna; que detenga la ola de inseguridad y de odio social.

Impulsados por la esperanza cristiana y con la confianza puesta en Dios, Señor de la historia, sentimos la responsabilidad ineludible de colaborar en la construcción de una Venezuela de todos y para todos. Por ello, rechazamos las leyes aprobadas por el Ejecutivo Nacional, incompatibles con el sistema constitucional del cual forman parte, y renovamos nuestro empeño, e invitamos a todos cuantos ansían el bien del País, a comprometernos fielmente en: trabajar por la reconciliación y la convivencia pacífica entre todos los venezolanos; suscitar y/o participar libre y responsablemente en todas aquellas iniciativas que promuevan los valores democráticos y el servicio al bien común de la sociedad; solidarizarnos con todos los venezolanos, especialmente con los más pobres. Todo ello nos exige la indeclinable participación en el ejercicio del derecho y deber de votar en las próximas elecciones del 23 de noviembre.

Invitamos a difundir este comunicado en nuestras familias y ambientes de trabajo, en nuestras parroquias, barrios y urbanizaciones, en los diferentes sectores de la Iglesia y de la sociedad venezolana.

Caracas, 15 de septiembre de 2008.