CORREO DEL CARONÍjueves, 11 de septiembre de 2008
El jefe la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Baltazar Porras, advirtió el miércoles que las 26 leyes aprobadas recientemente por el presidente Hugo Chávez chocan contra la Constitución y buscan consolidar el control del Estado sobre los ciudadanos.
"Ciertamente este grupo de leyes está fuera de la Constitución y el ordenamiento jurídico, con el cual se tiene que manejar el país, esto es sumamente grave", dijo Porras a la cadena Unión Radio.
El obispo de la ciudad de Mérida se adelantó a lo que será la posición de la CEV frente a las leyes, que será oficialmente divulgada el próximo mes luego de una reunión de obispos.
Porras acusó al gobierno de Chávez de seguir un "desconocimiento permanente" de la ley y ahora "nos encontramos con que se quiere justificar diciendo simplemente que a él no se le rechazaron esas leyes sino la reforma constitucional (en el referéndum de diciembre)".
"Estas leyes vienen a acabar con la Constitución del año 1999. Todas ellas están dirigidas fundamentalmente a consolidar el poder y el control del Estado y del Gobierno sobre los ciudadanos, no hay en esas leyes sino muy pocas cosas que tengan a la persona, al pueblo, como la primera connotación, la primera preocupación", aseveró.
Afirmó que con el paquete de las 26 leyes "se debilita la seguridad, la tranquilidad, el presente y el futuro de todos los venezolanos".
"Hay que ser conscientes que las leyes para que tengan algún sentido, algún valor, tienen que representar los intereses, angustias y esperanzas de toda la población", dijo Porras.
Añadió que "no se puede seguir actuando bajo la fórmula de leyes habilitantes (poderes especiales) sin tomar en cuenta a todas las otras instituciones y a la gente, se legisla en nombre de, como si estuviéramos en tiempo de la Ilustración, en tiempo de Carlos III, en el que se tiene hasta la potestad de saber qué piensa, qué quiere y qué busca el pueblo".
La oposición sostiene que las leyes aumentan la concentración de poder en manos del presidente, crean un Estado militar, vulneran principios contenidos en la Constitución como la propiedad privada y generan desconfianza en los sectores privados.
"Ciertamente este grupo de leyes está fuera de la Constitución y el ordenamiento jurídico, con el cual se tiene que manejar el país, esto es sumamente grave", dijo Porras a la cadena Unión Radio.
El obispo de la ciudad de Mérida se adelantó a lo que será la posición de la CEV frente a las leyes, que será oficialmente divulgada el próximo mes luego de una reunión de obispos.
Porras acusó al gobierno de Chávez de seguir un "desconocimiento permanente" de la ley y ahora "nos encontramos con que se quiere justificar diciendo simplemente que a él no se le rechazaron esas leyes sino la reforma constitucional (en el referéndum de diciembre)".
"Estas leyes vienen a acabar con la Constitución del año 1999. Todas ellas están dirigidas fundamentalmente a consolidar el poder y el control del Estado y del Gobierno sobre los ciudadanos, no hay en esas leyes sino muy pocas cosas que tengan a la persona, al pueblo, como la primera connotación, la primera preocupación", aseveró.
Afirmó que con el paquete de las 26 leyes "se debilita la seguridad, la tranquilidad, el presente y el futuro de todos los venezolanos".
"Hay que ser conscientes que las leyes para que tengan algún sentido, algún valor, tienen que representar los intereses, angustias y esperanzas de toda la población", dijo Porras.
Añadió que "no se puede seguir actuando bajo la fórmula de leyes habilitantes (poderes especiales) sin tomar en cuenta a todas las otras instituciones y a la gente, se legisla en nombre de, como si estuviéramos en tiempo de la Ilustración, en tiempo de Carlos III, en el que se tiene hasta la potestad de saber qué piensa, qué quiere y qué busca el pueblo".
La oposición sostiene que las leyes aumentan la concentración de poder en manos del presidente, crean un Estado militar, vulneran principios contenidos en la Constitución como la propiedad privada y generan desconfianza en los sectores privados.
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